La problematica de la salud mental en argentina
Crisis en Salud Mental
El último censo de salud mental revela una preocupante realidad en Argentina. De las 12.035 personas censadas, la mayoría está en instituciones privadas, aunque la distribución de pacientes entre el sector público y privado es equitativa. El 69% de las personas perciben algún ingreso, pero solo el 27% administra sus propios recursos, mientras que el resto depende de terceros.
Las salidas son limitadas, con un 59,6% de los pacientes realizando alguna salida en el último mes, pero el 69% lo hace acompañado. Solo el 28,5% ha firmado un consentimiento informado, mientras que el 60,4% no lo ha hecho. El motivo principal para la internación continua es el riesgo inminente para sí mismos o para terceros, con una duración promedio de internación de 8 años, y el 25% de los pacientes lleva internado 11 años o más.
Cierre de Dispositivos y Falta de Recursos
El Comité contra la Tortura ha identificado serias deficiencias en el sistema de salud mental, destacando el cierre de dispositivos por falta de financiamiento en provincias como Salta y Corrientes.
En lugares como La Rioja, Catamarca y Neuquén, la falta de dispositivos habitacionales adecuados agrava la situación. A pesar de algunas experiencias positivas en Chubut y Buenos Aires, el Programa Habitar Inclusión del Poder Ejecutivo Nacional en 2022 busca abordar estos problemas mediante la creación de hospitales de día y casas de medio camino. Sin embargo, persisten problemas de financiamiento y la reproducción de prácticas manicomiales en estos nuevos espacios.
- Alinear la legislación y políticas públicas con la Convención sobre Derechos Humanos.
- Actualizar la normativa sobre discapacidad y el Plan Nacional de Discapacidad.
- Simplificar el acceso al CUD.
- Eliminar términos despectivos de la normativa.
- Mejorar la financiación para dispositivos habitacionales adecuados
- Implementar protocolos espeficicos.
- Atender la esterilización forzada, la sobre-administración de anticonceptivos, y fomentar economías inclusivas y empleo para personas con discapacidades.
Derechos y Inclusión
El Comité de Expertos de la UE ha recomendado al Estado argentino armonizar su legislación con la Convención sobre Derechos Humanos, reformar la normativa sobre discapacidad y actualizar el Plan Nacional de Discapacidad. También se debe facilitar el acceso al Certificado Único de Discapacidad y eliminar términos despectivos de la normativa.
A nivel provincial, se destina el 75% del presupuesto a instituciones monovalentes, con problemas adicionales como la presencia de fuerzas de seguridad en establecimientos sanitarios, sobre-medicación, y falta de protocolos específicos que contribuyen a situaciones de tortura y fallecimientos. En el ámbito de mujeres y salud mental, se identifican prácticas preocupantes como la esterilización forzada y la sobre-administración de anticonceptivos. La situación de calle y las adicciones también requieren atención urgente para fomentar economías inclusivas y empleo para personas con discapacidades.